11 de junio de 2025.
Un menor de 14 años confiesa que le ofrecieron 20 millones de pesos por disparar al senador Miguel Uribe Turbay, pero solo recibiría el dinero tras cometer el crimen. La investigación apunta a una red de sicarios detrás del atentado que conmociona a Colombia.
El 7 de junio de 2025, un adolescente de 14 años disparó contra el precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay en un mitin en Bogotá, hiriéndolo gravemente. Al menor le ofrecieron 20 millones de pesos por el ataque, con la condición de recibir el pago por transferencia solo después de ejecutarlo. El joven, capturado tras el atentado, enfrenta cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.
El atentado contra Miguel Uribe Turbay, perpetrado durante un mitin político en el barrio Modelia de Bogotá el 7 de junio de 2025, ha generado conmoción nacional y una investigación exhaustiva para identificar a los autores intelectuales. El menor de 14 años detenido confesó que una red de sicarios le ofreció 20 millones de pesos (unos 4,700 dólares) para disparar al senador del Centro Democrático. Noticias Caracol informó que los contratistas impusieron una condición estricta: el dinero se transferiría únicamente tras consumar el ataque.
Videos de cámaras de seguridad muestran al adolescente acercándose sigilosamente a Uribe Turbay durante un discurso a las 5:30 p.m., disparando una pistola Glock 9 mm que dejó al senador con dos heridas en la cabeza y una en la pierna. Tras intentar huir, el menor, herido en la pierna por los escoltas, fue capturado gritando: “Yo lo hice por plata, por mi familia; perdón, lo hice por plata, por mi familia”. Según El Tiempo, también ofreció entregar los números de contacto de quienes lo contrataron a cambio de su liberación inmediata, una propuesta que no prosperó.
La Fiscalía, bajo la dirección de Luz Adriana Camargo, señala a una red de sicarios como la posible orquestadora del atentado. El menor, con antecedentes por complicidad en homicidio y hurto, no aceptó los cargos por tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas, aparentemente buscando un principio de oportunidad para negociar beneficios legales a cambio de información. Las autoridades descubrieron que la pistola Glock utilizada fue adquirida legalmente en Arizona, EE. UU., en agosto de 2020 por un ciudadano identificado como Charles Joe Anderson, pero su ingreso a Colombia fue irregular, ya que no está registrada en el país.
El menor, identificado extraoficialmente como Juan Sebastián Rodríguez Casallas, tenía un historial conflictivo y participó brevemente en el programa “Jóvenes en Paz” del gobierno, abandonándolo tras dos meses. La investigación ha encontrado mensajes en un celular que podría pertenecerle, incluyendo uno que decía: “Tiene que ser hoy (…) A la hora que sea (…) Cogemos cualquier Indriver”, vinculado a un contacto llamado “Jhon Estiven”. Este hallazgo es clave para rastrear a los autores intelectuales.
El atentado ha intensificado las tensiones políticas en Colombia. Uribe Turbay, un crítico destacado del gobierno de Gustavo Petro, permanece en estado crítico pero estable en la Fundación Santa Fe, con “indicios de mejoría neurológica” según el reporte médico del 11 de junio. La oposición, liderada por el Centro Democrático, ha convocado marchas para rechazar la violencia política, mientras el presidente Petro pidió colaboración a EE. UU. para investigar el origen del arma. Una mujer de unos 52 años, vista cerca del menor antes del ataque, también está bajo escrutinio como posible cómplice.
El caso ha reavivado el debate sobre el reclutamiento de menores por redes criminales, un problema que afecta a Colombia, donde el 15% de los delitos violentos en 2024 involucraron a menores, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La investigación continúa, con la Fiscalía priorizando la identificación de los responsables detrás de esta trama que amenaza la estabilidad política del país.
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