7 de junio de 2025.
¿Justicia o Impunidad? La Brecha Judicial entre Expresidentes de Perú y Colombia.
En un escenario político latinoamericano marcado por profundas diferencias, Perú se consolida como el país donde los expresidentes enfrentan la justicia de manera contundente, una realidad que contrasta notablemente con Colombia, donde la figura presidencial parece gozar de una protección casi inquebrantable frente a procesos judiciales que podrían llevar a condenas de prisión. Esta disparidad revela no solo enfoques legales distintos, sino también el impacto de la presión ciudadana y la transparencia en la lucha contra la corrupción.
Expresidentes Peruanos ante la Justicia. Un Precedente Regional.
En las últimas décadas, Perú ha llevado a cabo procesos judiciales rigurosos contra varios de sus exmandatarios. Figuras como Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, y Pedro Castillo han enfrentado condenas o investigaciones serias por delitos que incluyen corrupción y lavado de activos. La trágica muerte de Alan García, quien se quitó la vida antes de su arresto, resalta la intensidad de estas pesquisas.
Expertos en el campo atribuyen esta tendencia a una robusta batalla anticorrupción, impulsada por escándalos de gran envergadura como el caso Odebrecht y una creciente demanda ciudadana que fortalece el sistema judicial. Ana Morales, reconocida analista política en Lima, señala que «en Perú, la voluntad política y los mecanismos legales han facilitado que las investigaciones avancen sin tregua. La inmunidad presidencial, una vez que el líder concluye su mandato, se levanta con relativa facilidad, permitiendo a fiscales y tribunales actuar con firmeza. La inestabilidad política constante también influye, con gobiernos entrantes a menudo inclinados a iniciar procesos contra sus predecesores.» Esta dinámica resalta una de las tendencias actuales en la región: el escrutinio de la élite política.
El Fuero Constitucional Colombiano. ¿Un Escudo Infranqueable?
Por otro lado, Colombia presenta un panorama judicial opuesto. A pesar de numerosos escándalos de corrupción que han salpicado la esfera política, ningún expresidente colombiano ha sido condenado a prisión por actos cometidos durante su gestión. Esta marcada diferencia se explica en gran parte por el fuero constitucional especial que protege al presidente y a otros altos funcionarios del Estado.
En el sistema legal colombiano, cualquier acusación contra un presidente debe ser procesada inicialmente por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Este órgano, de carácter eminentemente político, ha sido objeto de críticas recurrentes por su lentitud e ineficacia, siendo percibido por muchos como un «engranaje de impunidad» que dificulta el avance de los casos a instancias judiciales superiores. Solo si esta Comisión decide acusar, el proceso escala al Senado y, finalmente, a la Corte Suprema de Justicia.
Juan Pablo Restrepo, un constitucionalista con sede en Bogotá, afirma que «el fuero colombiano es, en esencia, un escudo jurídico casi impenetrable. El diseño legal actual complica enormemente que las acusaciones de índole política se materialicen en condenas judiciales efectivas. Existe una protección institucional tácita alrededor de la figura presidencial, sumado a la dificultad de que el Congreso, dada su composición política, actúe con la severidad necesaria contra un exmandatario.» Este «blindaje» es un tema candente en la agenda de transparencia regional y se debate en el contexto de la reforma judicial.
Mientras Perú demuestra una capacidad, aunque a veces lenta, para llevar a sus líderes más poderosos ante la justicia y encarcelarlos, Colombia se enfrenta al persistente cuestionamiento sobre si su sistema legal está diseñado, de facto, para asegurar la impunidad de sus exmandatarios. Esta profunda dicotomía entre ambos países subraya no solo las diferencias en sus marcos jurídicos, sino también en la fortaleza de sus instituciones y el nivel de presión social por la rendición de cuentas, un factor clave en la construcción de una sociedad justa.
La sociedad civil en Perú y Colombia sigue de cerca estos desarrollos, planteando una interrogante fundamental: ¿es la justicia una realidad que se aplica sin distinciones, o en ciertos casos, el poder sigue actuando como un blindaje inquebrantable? Este debate es crucial para el futuro de la gobernabilidad democrática en Latinoamérica.
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