10 de junio de 2025.
El presidente Trump intensifica la respuesta a las protestas contra redadas migratorias con un despliegue militar sin precedentes, generando tensiones con California y alertas sobre derechos civiles. ¿Es esto una defensa de la ley o un abuso de poder?
El presidente Donald Trump ordenó el despliegue de 4,700 efectivos militares, incluyendo 2,000 guardias nacionales adicionales y 700 marines, a Los Ángeles el 9 de junio de 2025, para contener protestas desatadas por redadas migratorias del ICE. La decisión, tomada sin el consentimiento del gobernador Gavin Newsom, ha generado críticas por su carácter «dictatorial» y preocupaciones sobre el uso del ejército en suelo estadounidense.
El lunes 9 de junio, el Pentágono confirmó la movilización de 2,000 efectivos adicionales de la Guardia Nacional de California a Los Ángeles, sumándose a los 2,000 desplegados el sábado y a 700 marines provenientes de Camp Pendleton. Según el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, la medida busca «apoyar al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y proteger a agentes federales y edificios» ante el aumento de tensiones derivadas de protestas contra las redadas migratorias iniciadas el viernes. Estas operaciones del ICE han resultado en la detención de al menos 118 personas en la ciudad, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Las protestas, que han continuado durante cuatro días en áreas como el centro de Los Ángeles y la ciudad de Paramount, surgieron tras operativos del ICE que arrestaron a docenas de inmigrantes, muchos de ellos en lugares públicos como centros comerciales y sitios de trabajo. Los manifestantes, algunos portando banderas mexicanas, han exigido la liberación de los detenidos y el cese de las redadas, con cánticos como «¡Set them free, let them stay!» (¡Libérenlos, déjenlos quedarse!). Sin embargo, las manifestaciones han derivado en enfrentamientos con las autoridades, incluyendo el uso de gases lacrimógenos, balas de goma y granadas aturdidoras por parte de la policía y agentes federales. También se han reportado incidentes de vandalismo, como la quema de cinco vehículos de la empresa Waymo y un automóvil en Compton.
El despliegue militar, denominado «Task Force 51», es liderado por un batallón de infantería de marines y aproximadamente 2,100 guardias nacionales entrenados en técnicas de desescalada y gestión de multitudes. Sin embargo, la decisión de Trump de federalizar la Guardia Nacional sin el consentimiento del gobernador Gavin Newsom ha desatado una fuerte controversia. Newsom, en una publicación en X, calificó la acción como «demente» y «dictatorial», argumentando que el uso de marines en suelo estadounidense contra ciudadanos es «poco estadounidense» y una violación de la soberanía estatal. California ha presentado una demanda contra la administración Trump, solicitando a un juez que declare inconstitucional el despliegue.
El alcalde de Los Ángeles, Karen Bass, también criticó la intervención federal, afirmando que la ciudad estaba en calma hasta que las acciones del gobierno federal «inflamaron» la situación. Por otro lado, funcionarios de la administración Trump, como el secretario de Defensa Pete Hegseth, han defendido la medida, alegando que la violencia contra agentes del ICE y la supuesta «inacción» de las autoridades locales justifican la presencia militar. Hegseth incluso advirtió que más marines podrían ser desplegados si la situación no se controla.
La decisión de Trump ha reavivado el debate sobre el uso del ejército en conflictos domésticos, un hecho poco común en la historia reciente de EE. UU. Expertos legales, como Elizabeth Goitein del Brennan Center for Justice, han señalado que este despliegue es «sin precedentes» y podría sentar un peligroso precedente para el uso del ejército contra disidencias civiles. Veteranos militares han expresado su preocupación por la posible politización de las fuerzas armadas, mientras que activistas de derechos civiles temen que la presencia militar escale aún más las tensiones en una ciudad con una significativa población latina e inmigrante.
Las protestas no se han limitado a Los Ángeles, con manifestaciones similares reportadas en San Francisco, Dallas, Austin y Nueva York. Aunque la mayoría han sido pacíficas, se han registrado arrestos, incluyendo el del líder sindical David Huerta, detenido durante una protesta el viernes. La comunidad internacional también ha reaccionado: el primer ministro australiano, Anthony Albanese, expresó su preocupación tras un incidente en el que una periodista australiana fue herida por una munición de control de multitudes.
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