El país fue sacudido por un escándalo de corrupción que afectó directamente a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Se reveló que seis congresistas y varios altos funcionarios estuvieron implicados en un esquema de saqueo de recursos públicos, dejando a miles de colombianos en situación de vulnerabilidad.
Las pruebas fueron presentadas por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que incluyeron testimonios de exfuncionarios, interceptaciones telefónicas y documentos que detallaron reuniones clandestinas.En estas reuniones, se habrían negociado votos legislativos a cambio de contratos y recursos destinados a proyectos en regiones como Arauca y Antioquia.
Las víctimas de este entramado fueron las comunidades más vulnerables, quienes esperaban que los recursos de la UNGRD se destinaran a obras de infraestructura y programas sociales. En cambio, se descubrió que los fondos fueron desviados hacia intereses personales y políticos.
El caso fue impulsado por la declaración de la exalta consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, quien confesó que altos funcionarios del Gobierno habían instruido a los ministros para «adoptar» congresistas y garantizar su apoyo a proyectos específicos. Además, el celular de la exasesora María Alejandra Benavides fue utilizado como prueba clave, revelando conversaciones que confirmaron la existencia de reuniones y acuerdos ilegales.
El próximo 4 de marzo de 2026, la Corte Suprema decidirá si los congresistas implicados serán llamados a juicio.Mientras tanto, las comunidades afectadas por el desvío de recursos continúan esperando justicia y soluciones a los problemas que este escándalo dejó a su paso.
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