4 de junio de 2025.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el 3 de junio de 2025 que esta semana firmará un decreto para convocar una consulta popular, tras el rechazo del Senado a esta iniciativa el pasado 14 de mayo. La medida, que busca rescatar la reforma laboral bloqueada por el Congreso, ha desatado una fuerte controversia, con ocho partidos políticos acusando al Ejecutivo de cometer un “golpe de Estado” al desafiar la decisión legislativa.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que el decreto está listo, revisado por expertos en derecho constitucional, y que la consulta podría realizarse entre julio y agosto de 2025. Las 12 preguntas propuestas abordan mejoras laborales, como reducir la jornada diurna a 8 horas, garantizar un recargo del 100% por trabajo en festivos y priorizar contratos indefinidos, aunque no incluyen soluciones directas para la informalidad, que afecta a más de la mitad de los trabajadores colombianos.
La oposición reaccionó con dureza. Los partidos Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido Liberal, Partido de la U y ASI emitieron un comunicado conjunto calificando la decisión de Petro como un “ataque al Estado de Derecho”. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, anunció que acudirá a instancias judiciales si el decreto se promulga, argumentando que el Ejecutivo no puede ignorar una votación legislativa. Por su parte, el exsenador Humberto de la Calle señaló que solo los jueces pueden declarar nula una decisión del Senado, no el presidente.
Petro, en respuesta, desafió a la Corte Constitucional a revisar el decreto, afirmando en su cuenta de X que el tribunal “tendrá la oportunidad de defender la democracia participativa”. Sin embargo, un informe preliminar de la Relatoría de la Corte Constitucional, solicitado por la representante Katherine Miranda, indica que el Ejecutivo no puede convocar una consulta sin el aval del Senado, según las leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015.
Para que la consulta sea vinculante, requiere la participación de al menos 13.6 millones de ciudadanos, superando los 11.2 millones de votos que Petro obtuvo en las elecciones de 2022. Según la Registraduría Nacional, el proceso tendría un costo estimado de 700 a 750 mil millones de pesos. Analistas como Jairo Libreros, de la Universidad Externado, advierten que la estrategia de Petro podría exacerbar la polarización política, especialmente con las elecciones de 2026 en el horizonte. La oposición acusa al presidente de usar la consulta como una maniobra populista para fortalecer su base electoral.
Organizaciones como la CUT y movimientos indígenas han expresado su apoyo a Petro, convocando marchas para respaldar la consulta. Sin embargo, el Consejo Gremial Nacional advirtió que la iniciativa podría generar una crisis institucional, afectando la estabilidad del país.
Conclusión:
La decisión de Gustavo Petro de convocar una consulta popular por decreto ha abierto un nuevo frente de conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso. Mientras el Gobierno defiende la participación ciudadana como un pilar de la democracia, la oposición denuncia un posible abuso de poder. La Corte Constitucional tendrá la última palabra en este debate, que podría redefinir el panorama político y laboral de Colombia.
¡Abre el cajón y echa un vistazo!
“El decreto de la Consulta Popular se debe firmar ante el pueblo, ojalá ante miles de personas y debe hacerse en esta semana. Ya hemos estado en Bogotá y Barranquilla. ¿Dónde lo hacemos ahora?, ¿Cali o Medellín? Mañana tiene que definirse porque el día que firme debe ser delante… pic.twitter.com/jdLhYFn2h7
— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) June 4, 2025
