5 de junio de 2025
En un momento de alta tensión política, el presidente Gustavo Petro anunció el 3 de junio de 2025 su decisión de convocar una consulta popular por decreto para impulsar su reforma laboral, rechazada por el Senado el 14 de mayo. La medida, que ha generado críticas por presuntamente vulnerar el equilibrio de poderes, coincide con la imputación de cargos a dos aliados clave: el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y el exdirector de Función Pública César Manrique, investigados por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Petro justificó la convocatoria de la consulta por decreto, amparándose en el artículo 104 de la Constitución y la Ley 5, argumentando que el Senado incurrió en irregularidades al no leer las 12 preguntas propuestas antes de la votación, que resultó en 49 votos en contra y 47 a favor. En un mensaje en X, el presidente afirmó: “El poder soberano del pueblo no puede ser silenciado en una democracia”. Sin embargo, esta acción ha desatado un fuerte debate.
El expresidente César Gaviria advirtió que el decreto sería un acto de “prevaricato” y una violación de la separación de poderes, ya que solo la justicia puede determinar vicios en el proceso legislativo. El senador Efraín Cepeda, presidente del Congreso, calificó la iniciativa como un “atentado contra el Estado de derecho” y anunció posibles acciones legales. Partidos como Cambio Radical y Centro Democrático han ido más lejos, denunciando un posible “golpe de Estado” y exigiendo la intervención de la Registraduría y las cortes para proteger la institucionalidad.
Por su parte, César Manrique enfrenta cargos por concierto para delinquir, peculado por apropiación e interés indebido, acusado de intentar desviar $100.000 millones a través de un exfuncionario de la UNGRD, Luis Carlos Barreto, quien ahora colabora con la justicia. La Corte Suprema también ha citado a exministros como Luis Fernando Velasco y Gloria Inés Ramírez, en una investigación que involucra a seis congresistas por presuntos sobornos para avalar operaciones de crédito público.
El politólogo Yann Basset, de la Universidad del Rosario, señaló: “La apuesta de Petro por la consulta popular vía decreto, en un contexto de acusaciones de corrupción, puede erosionar la confianza en las instituciones y polarizar aún más al país”. En X, la senadora María Fernanda Cabal acusó a Petro de estar al tanto de las acciones de Bonilla, sugiriendo complicidad en el escándalo. Hashtags como #ConsultaPopularPetro y #EscándaloUNGRD dominan las tendencias, reflejando la división entre quienes apoyan al presidente y quienes ven en sus decisiones una amenaza a la democracia.
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